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Cae el interés por el debate del aborto en medio del lobby de las telefónicas

En el segundo día de audiencias, la mitad de los diputados ya no estuvieron presentes en el plenario de comisiones y faltaron expositores. Foto: Imagen Web

Muy rápido decayó el interés en el debate parlamentario por la despenalización del aborto. Después de la jornada inaugural con nutridas manifestaciones frente al palacio legislativo, gran concurrencia de legisladores y expositores, en el segundo día de audiencias la mitad de los diputados ya no estuvieron presentes en el plenario de comisiones, faltaron expositores y tampoco hubo el mismo acompañamiento por parte de los militantes de ambos ‘bandos’.

Según cómo vengan los ‘faltazos’ de los invitados, el debate terminaría en dos meses o un poco antes, y luego los legisladores emitirían dictamen a principios de junio, como estaba previsto, en el inicio del mundial de fútbol.

Si alguien pensaba que la discusión del aborto acapararía la atención de los medios de comunicación y de la gente, la segunda jornada de debates de este jueves (12/4) ya derribó esa idea. El interés irá decayendo cada vez más y sólo volverá a ser visible por el grado de notoriedad que logré la intervención que haga algún expositor o cuando se pase a la firma la iniciativa.

Mientras se inauguraba el debate parlamentario por la despenalización del aborto, en el Senado pasaba casi desapercibida la presencia del ministro de Modernización Andrés Ibarra ante la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, donde explicó los alcances del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que modifica la ley de medios y la ley Argentina Digital.

El nudo principal de la iniciativa es habilitar a las empresas de telefonía a proveer televisión satelital.

Es decir: se permitirá a las empresas Claro y Movistar a entrar en el denominado cuádruple play a través del soporte satelital. Esas empresas se habían quedado afuera de ese negocio tras la fusión de Telecom y Cablevisión (donde el Grupo Clarín es el principal accionista).

La propuesta también obliga a las empresas a compartir su infraestructura de calle para que las pequeñas firmas puedan brindar servicios de telecomunicación.

Están incluidas además las antenas y tecnología afín de propiedad del Estado.

El Gobierno nacional decidió modificar la Ley de Medios y la de Argentina Digital sobre la base de la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de diciembre de 2017, y una resolución de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de enero pasado.

Y la presentación en el Congreso con la asistencia de Ibarra coincidió además con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy, a nuestro país.

Era la oportunidad de tener un gesto con Rajoy vía Telefónica-Movistar a pesar de que no le haga mucha gracia a Clarín. Y especialmente cuando en la comitiva del español estaba Pablo de Carvajal, secretario general de Telefónica.

A la oposición le preocupa la situación de los pequeños cableoperadores que tengan que compartir su infraestructura con las grandes empresas; la misma situación pero en relación a los elementos públicos y la licitación del espectro 4G de Arsat.

A los senadores no les gusta que se avance sobre la infraestructura que pertenece a las provincias. Ese es otro punto de conflicto entre oficialismo y oposición, especialmente porque se quejan de que en muchos distritos Telefónica prometió inversiones que nunca hizo y además no tendrá que poner un peso en desarrollar su propia red de fibra óptica. Eso sin mencionar el riesgo que representa este competidor frente a las cooperativas locales.

Otra discusión parlamentaria gira casualmente sobre la telefonía y las comunicaciones aunque con un contenido bien diferente: las escuchas telefónicas judiciales y su filtración a la prensa.

La fuga de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, hicieron que opositores y oficialistas lograran coincidir en ponerle un freno a las filtraciones del sistema de escuchas judiciales, que están a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado ya emitió dictamen de un proyecto para “regular la realización de las intervenciones de comunicaciones y su debida cadena de custodia”, con sanciones que llegan hasta la prisión por cuatro años a quienes tengan responsabilidad en la difusión pública de esas conversaciones.

Tanto el peronismo no kirchnerista como Cambiemos saben que en el futuro pueden ser ellos los perjudicados por la filtración de sus conversaciones privadas.

Siempre que hay una amenaza a la corporación política el consenso es casi instantáneo.

Fuente: ExtraNews

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Redacción

Periodista Parlamentario acreditado en el Congreso de la Nación