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Cambiemos avanzó con el Presupuesto que nadie quiere pero Pichetto complicaría bienes personales

Cambiemos quiere tratamiento exprés y el rionegrino aseguró su apoyo. "Pero no me gusta el impuesto, hablaré con los gobernadores para modificarlo", dijo. Foto: Archivo

Es el Presupuesto redactado a la medida de las exigencias de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le ofrendó la media sanción de Diputados antes de la reunión de directorio del organismo que este viernes aprobó el segundo acuerdo con la Argentina, por el cual se adelantarán recursos a fin de salir definitivamente de la crisis económica.

 

Con la marca del FMI, el kirchnerismo y la izquierda nunca iban a votar el proyecto del oficialismo. El massismo pedía cambios incompatibles con las metas del gobierno, una forma elegante de no querer votarlo. Sólo los legisladores que responden a los gobernadores que negociaron concesiones en la ‘ley de leyes’ y que integran el interbloque Argentina Federal, iban a votar junto con Cambiemos y sus aliados, pero lo hacían con mucha culpa y reparos, los mismos que tienen en el oficialismo pero que los legisladores no dicen en público.

De la alianza oficialista son los radicales los que más sufrieron por defender y votar el Presupuesto. Quisieron moderar un poco el impacto del ajuste y reconciliarse con el electorado con el proyecto para que los jueces paguen ganancias, lo que redundaría en un fenomenal ingreso de recursos al erario. El PRO no se animó a incluir la iniciativa en el temario de la sesión especial junto con el Presupuesto y las otras leyes económicas porque temía que el frágil acuerdo con la oposición peronista se rompa.

De hecho, fueron voces del peronismo las que pidieron no tratar el tema después de aprobado el Presupuesto y tras 18 horas de discusión –incidentes de por medio- y que primero pase por las comisiones. Y eso fue lo que se acordó tras un cuarto intermedio que decidió Emilio Monzó para ordenar la sesión y a pesar de que los legisladores habían votado por mayoría de dos tercios un apartamiento de reglamento para discutir la cuestión.

Monzó coincidía en debatir el tema con más tiempo y menos fatiga, y seguramente consultando antes al peronismo. En especial al que reside en el Senado, donde se tratan los pliegos de los jueces a quienes se quiere cobrar el gravamen.

Con el tema ganancias para el Poder Judicial se cerró la sesión maratónica del miércoles que terminó con la media sanción del Presupuesto el jueves a la madrugada. El principio de esa sesión fue una copia de lo que ocurrió con el tratamiento de la reforma previsional en diciembre de 2017.

Como se informó en ExtraNews, Cambiemos ya sabía que había una manifestación con vigilia prevista para el día del debate en la Cámara de Diputados. En algún momento circuló la idea de cambiar la fecha del tratamiento del Presupuesto para el día siguiente a la convocatoria de las organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Pero imperó el apuro por sacar la ley, que se evidenció en la última reunión de comisión, cuando circuló el llamado a la sesión especial mientras todavía se firmaba el dictamen, y en la ‘fe de erratas’ que se tuvo que emitir para corregir los errores en el despacho. Esas desprolijidades responderían a la necesidad del Gobierno de mostrar al Fondo la media sanción antes de la reunión de directorio del viernes.

Si la sesión se hubiese postergado 24 horas más, quizás se habrían evitado los incidentes por la desmovilización de los militantes convocados. Pero eso ya es contrafáctico.

Cambiemos repitió todos los errores de diciembre de 2017, o casi todos. Con la represión en la calle –promovida por encapuchados cuya procedencia nunca se termina de averiguar- el kirchnerismo y la izquierda reclamaron la suspensión de la sesión. El oficialismo insistió en continuar el debate como si nada pasara, mientras el ánimo se caldeaba en las bancas con diputados gritando y llegando casi a los golpes de puño. Hubo escenas que abochornaron otra vez al Congreso, con forcejeos e insultos.

Emilio Monzó, titular de la Cámara baja, evitó esta vez desbordarse –no así su protegido Nicolás Massot, que invitaba a pelear a Daniel Filmus y a Leopoldo  Moreau- e impuso un cuarto intermedio para reencauzar la sesión. Intentó acordar con los jefes de bloque opositores que el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro se presentaría en el Congreso y atendería los reclamos de los opositores que denunciaban excesos en las detenciones y en el accionar policial con legisladores heridos.

Con ese frágil acuerdo, Monzó reanudó el debate, pero el kirchnerismo y la izquierda insistían en concluir la sesión y que se presentara D’Alessandro, que estaba en camino. Impidieron seguir con su discurso al misionero Luis Pastori. Cuando todo parecía naufragar como en el primer intento de aprobar la reforma previsional en 2017 (que tuvo que postergarse una semana), Monzó hábilmente salió del reglamento parlamentario y le dio micrófono a todos los opositores que querían plantear sus denuncias y reclamos. Así, ganó tiempo y logró que los diputados volvieran a sentarse en sus bancas. Durante esos discursos se hizo presente D’Alessandro, que se instaló en el Salón de Honor de la Cámara baja.

La estratagema de Monzó tuvo éxito también porque esta vez el bloque del Frente Renovador de Sergio Massa no se plegó a los K y a la izquierda, como sí ocurrió en 2017, y les quitó volumen a su protesta.

Ese sector venía golpeado por la partida de Felipe Solá y otros legisladores que debilitaron a la bancada que dirige Graciela Camaño. Otra razón sería un encuentro que habría mantenido el ministro del Interior, Rogelio Frigerio con Massa, días atrás para sondear al tigrense por el Presupuesto.

Las gestiones de Frigerio se notaron en el insólito apoyo de los diputados peronistas de San Luis que dieron quórum (pero no votaron a favor) para abrir la sesión. El ministro aprovechó la ‘grieta’ entre Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Acordó con el actual senador nacional algunos beneficios para esa provincia y a cambio obtuvo la ayuda de los puntanos. Una vez más se comprueba que los enfrentamientos políticos provinciales ofrecen grandes oportunidades para los que saben aprovecharlas.

Con el envión de la sanción en Diputados, en el Senado  Miguel Ángel Pichetto se prepara para recibir con brazos abiertos al Presupuesto. Ya adelantó en declaraciones públicas que tendrá el voto afirmativo de su sector, suficientes para que se convierta en ley.

Pero no se tocará una coma de lo que la Cámara baja aprobó y que ya venía acordado también con los senadores vía gobernadores… con algunas excepciones, como la citada de los hermanos Rodríguez Saá.

En la cámara alta, Cambiemos pretende ahora un tratamiento exprés. Dictamen el 7 de noviembre y votación en el recinto, el 14. Con un margen de 15 días por si hay demoras. Con todo, el oficialismo quiere tener sancionado el Presupuesto antes del 30 de noviembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias y antes del comienzo de la Cumbre del G20 en Buenos Aires.

De hecho, para cumplir ese cronograma frenético se suspendió el informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, previsto para el 31 de octubre en la Cámara alta. Esa sería su anteúltima visita al Congreso.

Pero si Peña es prescindible, los que sí irán a informar sobre el Presupuesto serán el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (el lunes 29); la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley (el martes 30); el ministro de Producción, Dante Sica (el miércoles 31) y Frigerio el martes 6, el día anterior al dictamen.

Será el tratamiento exprés que el Gobierno no pudo imponer en Diputados por las exigencias de los mandatarios provinciales a quienes se convenció a fuerza de consenso fiscal, bienes personales, fondo para subsidios al transporte y la creación de un órgano para valuar los inmuebles a los que luego les cobrarán impuestos. Eso por citar sólo algunas de las innumerables concesiones que involucraban a intendentes, universidades, obras, etc. etc, con la particularidad de las necesidades de cada distrito.

Pero los planes oficiales podrían frustrarse. Pichetto comprometió el apoyo para el Presupuesto, pero no para Bienes Personales donde quiere hacer cambios. Así lo anunció tras un acto en medio de su campaña para candidatearse en 2019: «A mí no me gusta el impuesto a los bienes personales. Voy a hablar con los gobernadores peronistas y voy a ver si eso se puede modificar».

Bienes Personales viene atado al Presupuesto y al acuerdo con los mandatarios provinciales para mejorar su recaudación. Y se articula con un decreto de Mauricio Macri que creó un organismo de valuación de inmuebles.

La ecuación es la siguiente: si las valuaciones suben, el impuesto sube y la recaudación sube. De ese impuesto fue excluido el campo con el argumento de mejorar la recaudación por exportaciones. Pichetto quiere eximir ahora de ese impuesto también a las viviendas familiares de la clase media. Es un guiño al electorado que votó por Cambiemos y que ahora está castigando con aumentos.

La cuestión es cómo afectaría la idea de Pichetto a los gobernadores que pretenden recaudar con bienes personales. Quizás el senador ya habrá llegado a la conclusión de cuáles son los dos distritos que contienen la mayor cantidad de inmuebles del país en su territorio y cuyos gobernantes no están justamente entre sus interlocutores.

Fuente: ExtraNews

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Redacción

Periodista Parlamentario acreditado en el Congreso de la Nación