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La causa de la industria del juicio laboral

Marcelo A. Saleme Murad. Foto: Archivo

Por: Marcelo A. Saleme Murad [i]

Hemos escuchado al Señor Presidente de la Nación mencionar que quiere terminar con la llamada “Industria del Juicio Laboral”, por lo que está “desvelado”. Paradójicamente, si realmente se quisiera terminar con las causas de la industria del juicio laboral, resultaría hartamente sencillo. Toda la industria se basa en un solo artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que no sólo resulta totalmente injusto, sino que es además claramente anticonstitucional, pues consagra abiertamente una grave violación de dos principios supremos del sistema republicano: la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y la garantía del Juez imparcial. Se trata, ni más ni menos, que del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y modificatorias, que entre otras cosas consagra: Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.

A raíz de ése párrafo, se ha construido dos consecuencias legales, igualmente injustas y anticonstitucionales: la del artículo 23 y la del artículo 92 LCT, a cuya lectura me remito.

Ahora bien, el sistema de evaluación de prueba de nuestros códigos procesales es básicamente el de la sana crítica racional. Vale decir que el Juez debe estar razonablemente convencido al hacer mérito de la prueba para dictar sentencia. Pero resulta imposible que no tenga dudas puesto que ningún ciudadano normal puede no tener alguna duda, por mínima que sea, de un hecho que no ha presenciado. La única prueba que no deja lugar a dudas es la que garantice el 100% de certeza. Lo más aproximado es una prueba científica: la del ADN. Y esa tampoco tiene 100% de certeza.

Así, entonces, no existe ningún caso sobre la faz de la tierra en que el Juez pueda estar 100% convencido de que una parte u otra tenga la razón, es imposible. Por lo que el Juez, para cumplir con esta aberración legalmente consagrada, está obligado en todos los casos a darle la razón al que se dice “trabajador”, más propiamente, al actor del juicio laboral. De un plumazo, la LCT ha borrado cualquier posibilidad de que un empleador gane un juicio laboral. Priva así al ciudadano que emplea a otro ciudadano, del pilar sobre el que se basa la Justicia: un Juez imparcial. El principio de imparcialidad judicial, así como el de igualdad ante la ley, están consagrados no sólo en nuestra Constitución Nacional, sino también en los más altos tratados de derechos humanos, e incorporados a nuestra Constitución con el más alto rango legal. Resulta totalmente inconstitucional el artículo que refiero, por más que se lo haya seguido al pie de la letra desde hace décadas. Es hora de cambiar esta atrocidad por la verdad y la justicia.

El trabajador ya no es el esclavo inculto del siglo XV. Muchas veces tiene incluso más recursos intelectuales y ventajas que su empleador. Asimismo, tiene gratuidad para litigar y una serie de ventajas y derechos que dejan claro, sin lugar a dudas, de que recibe toda la protección de las leyes. No hay por qué consagrar a su favor un privilegio ilegal que le da un arma infalible como esta, que lo coloca por encima de la Constitución. Nadie está sobre la ley. Ningún país civilizado consagra herramientas aberrantes como esta que, en definitiva, atentan contra la propia generación de empleo. ¿Quién entonces puede resistirse a una recompensa fácil y sin esfuerzo, garantizada por ley, aunque sea un botín que no le corresponde?.

Bajo el nebuloso palio de los “derechos de los trabajadores” se ha incluido, como un áspid en una canasta de manzanas, el venenoso criterio de que el que alega ser dependiente, siempre tiene razón. Con lo que se priva al demandado del Juez imparcial y del insustituible principio republicano y democrático de la igualdad ante la ley, por el que tanta sangre han derramado los pueblos civilizados. Cualquier “reforma laboral” que se intente para eliminar la verdadera industria generada a partir de éste “principio” será insuficiente si no se acaba con ésta gravísima injusticia.

O volvemos a la verdadera igualdad y dejamos que las partes sean iguales ante la ley y la justicia, como ocurre en todos los otros fueros judiciales, o cualquier intento que se realice para desarticular esta industria macabra será en vano, desgastará inútilmente al Gobierno en turno sin resultado alguno y fortalecerá los bolsillos de aquellos que medran con privilegios insoportables como este.

[i] Abogado – Especialista en Asesoramiento de Empresas – Especialista en Derecho Tributario

Fuente: ExtraNews

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