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«Lava Jato»: el caso que llevó a Lula a la cárcel da un giro inesperado

Foto: Lula da Silva

El caso de “Lava Jato”, que dejó como saldo la destitución de Dilma Rousseff en Brasil y el encarcelamiento del candidato Lula da Silva, empieza a dar un giro inesperado. Salieron a la luz archivos que ponen en duda la investigación que llevó a Lula a la cárcel.

El medio digital The Intercept Brasil recibió —por medio de una fuente anónima que habría realizado ‘hackeos‘— años de archivos y conversaciones privadas del equipo de fiscales detrás de la investigación ‘Lava jato’. En ellos se puede ver a jueces y fiscales organizarse para perjudicar a Lula y a Moro (cosa que por ley tiene prohibido).

Dirigida por Glenn Greenwald —el premiado periodista que en 2013 publicó las revelaciones de Edward Snowden—, la investigación de The Intercept analizó el material, lo puso a resguardo en servidores fuera del país y lo reveló en forma de tres artículos:

  • El primero relata cómo obtuvieron la información y con qué criterio la publican: no muestran nada personal, sólo lo que implica interés público.
  • El segundo cuenta cómo se tramó el modo jurídico de impedir que Lula Da Silva pudiera dar entrevistas a los medios de comunicación antes de las elecciones, ya que —evaluaban— podía beneficiar ya no a él —a quien no lo dejaron candidatearse— sino al Partido de los Trabajadores (PT) en su conjunto.
  • En la tercera nota muestran que el propio fiscal tenía dudas respecto de las denuncias contra el expresidente hasta unos días antes de hacerla y que el juez de la causa —que se supone debe ser imparcial— opinaba y daba consejos sobre la investigación que más tarde él juzgaría. En todo momento es explícito que los motivaba el deseo de que el Partido de los Trabajadores no ganara las elecciones de 2018. Incluso una fiscal cuenta que reza para lograr el milagro de que el PT no vuelva al poder.

 

Las pruebas

Una de las acusaciones más conocidas (es decir, mediáticamente repetidas y procesadas con facilidad por la opinión pública) fue la de que el expresidente habría recibido un departamento triplex frente a la playa como un soborno para conseguir contratos en Petrobrás. Hubo todo tipo de cuestionamientos a esta hipótesis pero su efecto mediático fue rotundo. Las preguntas —ahora se sabe— también merodeaban al propio fiscal Dallagnol, según las charlas grupales develadas por The Intercept Brasil: el hombre dudaba de si el triplex era en realidad el de Lula y si tenía algo que ver con Petrobrás. Es decir, dudaba de todo.

El 9 de septiembre de 2016 (menos de una semana antes de acusarlo), Dallagnol escribió: «Van a decir que estamos acusando en base a artículos de periódicos y evidencias frágiles (…) Todavía me da recelo la conexión entre Petrobrás y el enriquecimiento…»

En la develación de The Intercept Brasil figura que el propio Dallagnol le escribió en un mensaje a Moro que «hicieron todo lo posible para caracterizar a Lula como el líder máximo del esquema de corrupción». El juez le respondía dos días después: «Definitivamente, las críticas a su presentación son desproporcionadas, mantente firme».

No es la única cita que demuestra —textual de The Intercept— «una conspiración impropia y poco ética entre Dallagnol y Moro sobre cómo estructurar mejor el caso de corrupción contra Lula, aunque Moro estaba legalmente obligado a juzgar el caso como un árbitro neutral«. En otros mensajes apura la investigación, da consejos, informa de sus futuras decisiones.

Públicamente, siempre lo negó: dijo que él como juez no tenía estrategia y que no investigaba porque no le correspondía. En general, no conviene creerle a casi nadie cuando dice que es ‘apolítico’. Pero en este caso supera las peores previsiones al pasar de ser ‘juez imparcial’ (condenó al expresidente a nueve años y seis meses de prisión) a ministro de Justicia del Gobierno que ayudó a ganar las elecciones, el del ultraderechista Jair Bolsonaro.

El impacto a nivel mundial

Los artículos de The Intercept Brasil tuvieron impacto en medios locales e internacionales. Se pronunciaron políticos de gran envergadura. Pero además, tuvo consecuencias concretas en la Justicia.

No solamente se reabrió el debate sobre la potencial liberación de Lula (en función de un ‘habeas corpus’ que se había presentado a favor del expresidente) sino que la Corregiduría del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil (el órgano que controla la actuación de los fiscales) anunció que va a investigar los mensajes. Explicitaron que lo decidieron por la amplia repercusión y que lo realizado por los funcionarios «podría caracterizar una falta funcional». Además, subrayaron la importancia de que la ciudadanía pueda confiar en ese órgano.

En cuanto a las figuras públicas, el primero en pronunciarse fue el expresidente Lula Da Silva. «La verdad prevalecerá», fue la frase que apareció en su tuiter.

Sus abogados dieron a conocer un comunicado en el que piden «el establecimiento urgente de la libertad plena» de su defendido. «Es víctima de ‘lawfare’, que es la manipulación de las leyes y de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política», escribieron.

El fenómeno conocido como ‘lawfare‘ o ‘guerra judicial’ se trata de un modo de combatir adversarios políticos combinando acciones jurídicas con apariencia de legítimas y sus correspondientes reflejos en los medios de comunicación.

La expresidenta Dilma Rousseff avaló y dijo por twitter que lo corrupto del proceso implica la liberación de Lula.

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