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“Negamos terminantemente que haya habido tráfico de influencia por parte de nuestro defendido”

Los abogados defensores de Daniel Scioli niegan que el ex gobernador haya cometido irregularidades en la contratación de obra de 8 centros UPA. Foto: Archivo

Se le complica la situación judicial al derrotado ex candidato a Presidente, Daniel Scioli.

Tal como informó ExtraNews esta tarde, el fiscal Álvaro Garganta lo llamó a indagatoria para investigarlo por la posible comisión de  “negociaciones incompatibles con la función pública”, en la construcción de 8 Unidades de Pronta Atención (UPA).

Las Unidades de Pronta Atención (UPA) atienden en la Provincia casos de guardia y emergencias. Según la explicación oficial, “han sido diseñadas para extender los servicios médicos hospitalarios a la población”.

Más tarde, los letrados representantes del ex Gobernador emitieron un comunicado para hacer un descargo de parte de su cliente. El texto firmado por Alfredo J. M. Gascón y Miguel Ángel Molina, abogados defensores de Daniel Scioli, expresa lo siguiente:

“Con referencia a la citación a prestar declaración por parte de la Fiscalía al señor Daniel Scioli, sus defensores manifiestan: Negamos terminantemente que haya habido tráfico de influencias o irregularidades por parte de nuestro defendido.”

“Conforme surge de los expedientes administrativos, todas las licitaciones y contrataciones del Gobierno Provincial durante su gestión (inclusive las de los Hospitales de Pronta Atención UPA) fueron regulares, y aprobadas por los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia). Estos organismos no observaron ni encontraron irregularidad alguna que impidieran las contrataciones.”

“El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires no interviene nunca, por disposiciones constitucionales y legales, en este tipo de contrataciones. A su vez, nuestro defendido nos ha manifestado enfáticamente que jamás dio instrucción alguna, ni ejerció influencia sobre ningún funcionario de su gabinete para favorecer empresas en sus contrataciones con el Gobierno.”

“Por último, y referido a los bienes personales de nuestro defendido, ya fue suficientemente aclarado ante la Fiscalía, por escrito y con prueba documental, que la compraventa y los alquileres de las operaciones cuestionadas fueron a valores de plaza (por ejemplo, el contrato de alquiler fue inicialmente de $30.000), y el costo del metro cuadrado en la zona fue acreditado con cotizaciones de referentes inmobiliarios.
Como siempre lo ha hecho, nuestro defendido está a disposición de la justicia, ejercerá su debida defensa y responderá todo interrogatorio que se le formule en oportunidad de la audiencia fijada por la Fiscalía.”

Fuente: ExtraNews

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