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Panorama político bonaerense: La semana en que estalló la crisis

La decisión de expulsar a la fugaz Contadora General, María Fernanda Inza, tesorera a cargo de la recolección de fondos objetada, fue hasta ahora la reacción más fuerte de Vidal. Foto: Archivo

La investigación periodística sobre los aportantes falsos a la campaña electoral bonaerense 2017 de Cambiemos sumió a la gobernadora María Eugenia Vidal en la crisis política más seria desde que asumió el cargo, hace dos años y medio, porque por primera vez se vio obligada a realizar maniobras defensivas en un campo en el que hasta ahora no había tenido tropiezos: la transparencia institucional, uno de los ejes centrales de la construcción de su capital electoral diferencial.

La decisión de expulsar a la fugaz Contadora General, María Fernanda Inza, tesorera a cargo de la recolección de fondos objetada, fue hasta ahora la reacción más fuerte de Vidal. En el entorno más estrecho de la gobernadora afirman que la decisión tuvo dos motivaciones. La primera es dar una señal de inflexibilidad ante este tipo de casos, que la despegue de cualquier actitud de cobertura o complicidad. La otra es señalar en la dirección en la que cree que podrían estar las responsabilidades eventuales por las irregularidades.

Es que la gobernadora ya fue informada de los resultados preliminares de la auditoria interna que encargó a su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. El trabajo muestra que hay inconsistencias en la rendición de fondos, sobre la que Inza tenía responsabilidad directa. Silvia Chaban y el radical Alfredo Irigoin, formalmente responsables económicos de la campaña, ya fueron imputados por el juez federal Sebastián Casanello, en una de las cuatro causas abiertas por estos hechos, dos en tribunales federales porteños y dos en los platenses.

Una de las preocupaciones del gobierno es que la trama judicial del caso podría, al menos en teoría, envolver a la propia Vidal. Quienes razonan así hacen foco en el artículo 63 de la ley 26.215, de financiamiento de partidos políticos, que impone penas no solo al tesorero del partido que incurra en irregularidades como las que están bajo investigación sino también a su presidente, que en este caso era la gobernadora, aunque no haya tenido ninguna relación concreta con la recaudación de fondos.

Ese temor se basa en la inclinación política que atribuyen en gobernación al juez federal platense  Ernesto Kreplac, que investiga las dos denuncias que puntualmente buscan implicar a Vidal. Ambas fueron presentadas por representantes del kirchnerismo más duro: las jefas de bancadas de Senadores y Diputados, María Teresa García y Florencia Saintout, respectivamente. Por motivos muy parecidos también recelan de las preferencias del fiscal electoral Jorge Di Lello, que impulsa una de las causas radicadas en la Ciudad Autónoma.

En gobernación dan por hecho que la oposición hará de este tema uno de los centros de su discurso, porque Vidal es hoy el principal activo electoral del oficialismo. Pero anotan un dato: hasta  ahora, los intendentes peronistas del conurbano han mantenido un perfil bajo al respecto, al igual que el massismo. Mientras, despliegan dos líneas de respuesta: insisten en que todas las fuerzas políticas importantes incurren en opacidades a la hora de financiar sus campañas y, a la vez, apuran una reforma de la ley de financiamiento que bancarice todoslos aportes.

Ambos argumentos parecen tener parte de razón pero también contraindicaciones. Es cierto que el financiamiento es generalizadamente poco claro (por caso, salvo las de Progresistas y el FIT, ningún  frente tiene aprobados los gastos de la campaña 2015) pero también lo es que eso hay que demostrarlo y que en todo caso la cuestión impacta más en una fuerza que había hecho de la transparencia un elemento diferenciador. Respecto de la reforma, el destiempo es evidente, aunque la falta de impulso que había tenido es proyecto hasta ahora es atribuible más que nada al gobierno nacional.

 

Otros frentes

La respuesta política involucra otros movimientos, menos evidentes. Por un lado, Vidal ya decidió que el pliego del nuevo contador llegará al Senado en agosto. Parece una decisión anodina, pero no lo es tanto: implica que seguramente el sillón seguirá en manos de un oficialista y que ese trámite, que la oposición aprovechará para fustigarla del modo que ya lo hizo cuando nombró a Inza, estará separado de la negociación por la cobertura de las vacantes en el Tribunal de Cuentas, el Banco Provincia y la Corte.

El esquema conecta directamente con la discusión del presupuesto del año próximo. Después de semanas de tironeos, Vidal logró que Nación respalde una propuesta de ajuste global que implica un recorte de $23 mil millones para las arcas bonaerenses, la mitad de lo que se había pensado en un principio. El número está lejos de ser definitivo: aún falta el visto bueno de los gobernadores peronistas. Pero de concretarse, incluiría el traspaso de las Edenor y Edesur y de subsidios al transporte, además de menos obras públicas.

Para solventarlo, es probable que la provincia deba repetir niveles de endeudamientos como el de este año. Por eso, Vidal mira los lugares vacantes: conseguir el respaldo opositor resultará caro.  Es un desafío que viene: el peronismo no K ya le dijo que considera a esos sillones forman parte del “pago” por el presupuesto vigente. Planean, en cambio, exigir un nuevo fondo para obras propias, como el que estuvo vigente hasta el año pasado. La idea es aislarse de ese constado del ajuste para asegurarse poder cortar cintas en 2019, el año electoral.

Fuente: DIB

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Redacción

Periodista de la Agencia Diarios Bonaerenses