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Reforma del Estado: Mejor adoptemos empleados públicos

Congreso Nacional Foto: Archivo

Por Yamil Santoro, abogado. Dirigente de Cambiemos.

Se aprobó un plan de retiro voluntario para personas que se encuentren actualmente trabajando en la Administración Pública Nacional (mediante el Decreto 263/2018). Se trata de un paso positivo, pero me temo que si no se incorporan algunos cambios podríamos desperdiciar una oportunidad para que este esfuerzo del erario público genere un impacto aún más positivo y significativo en la economía argentina. Si ya está decidido que se va a realizar el gasto que implica el retiro anticipado de estas personas, ¿por qué no usar este dinero para potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo?.

Todavía estamos a tiempo de modificar o complementar esta normativa. Para que mientras disminuimos el problema fiscal, generemos fuentes de empleo, desarrollemos capital humano y aumentamos la productividad de la economía.
Podríamos lograr esto enmarcando el plan de retiro dentro de un esquema similar al “Plan Empalme”. El esquema del Decreto, contempla pagos de 6 a 36 cuotas de entre un 70% y 100% del sueldo neto percibido por el empleado público saliente. Creo que podemos usar la creatividad para sacarle más jugo al esfuerzo fiscal.
El decreto apunta a distintas realidades, por un lado a quienes están próximos a jubilarse o ya en edad de hacerlo y por el otro a quienes hayan brindado al menos dos años de servicio dentro de la Administración Pública Nacional. Estas ideas se orientan a resolver de mejor manera el “retiro voluntario” de estos últimos.
La norma contempla expresamente la posibilidad de que el trabajador acceda a programas de reinserción laboral, pero falló al no condicionar el retiro a la efectiva prestación del servicio en el sector privado o a establecer alícuotas de retribución diferenciadas. No prohíbe que se emplee pero no lo exige y tampoco lo premia.
Si durante el plazo de duración de la compensación por el retiro voluntario el aporte gubernamental fuera tenido a cuenta como parte del salario total percibido por el trabajador que se reinserte en la actividad privada, lograríamos “subsidiar” la conversión de puestos de trabajo con un dinero que ya se iba a gastar de cualquier manera. Al subsidiar el puesto de trabajo, lograríamos una transición entre el empleado público saliente y la generación de empleo en el sector privado, evitando el desempleo entre un punto y el otro, mejorando el salario efectivo de los trabajadores, dándole al trabajador la posibilidad de buscar un lugar donde trabajar y capacitarse y a su vez aumentando la productividad de la economía.
Por eso creo que una alícuota diferenciada puede ser una medida interesante, pagarle menos al que se retira y pagarle más al que se emplea. Eso generaría una mayor demanda de empleo por un lado y una mayor demanda de trabajadores gubernamentales salientes por el otro, ya que se vuelven una oportunidad para las empresas.
Restaría, además, cuidar que este plan no genere un “descreme” en la Administración Pública generando una fuga de los trabajadores más talentosos. Para eso quizás habría que condicionarlo a personal no esencial, pero estas cuestiones metodológicas quedan para otro debate. Por lo pronto lo urgente es aprovechar los recursos públicos para lograr el mayor impacto positivo posible en nuestra comunidad y esta idea lo garantiza.

Fuente: ExtraNews

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