17 junio, 2021

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Una misión de la CIDH estará del 8 al 11 de junio evaluando la situación de los DD.HH

La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, anunció hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno espera su visita para la redacción de un informe.
Habrá visitas a varias ciudades durante esos cuatro días

La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, anunció hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno espera su visita del 8 al 11 de junio para que evalúe la situación de derechos humanos en el país, en el marco de una crisis que estalló el 28 de abril con bloqueos de ruta y manifestaciones, y en las que se denunció una represión por parte del Estado que acumula más de 60 muertes.

«La visita de trabajo se iniciaría el día 8 de junio con una presentación del Estado colombiano, donde se expondrá brevemente la información entregada en la audiencia privada y en la que participarán otras entidades del Gobierno que presentarán sus informes relacionados con los hechos vividos en Colombia desde el 28 de abril de 2021», indicó una carta de Ramírez, dirigida hoy a María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Interina de la CIDH.

Ramírez precisó que la visita del 8 de junio debe estar supeditada a que la Comisión sostenga, un día antes, una audiencia privada en Bogotá con todas las instituciones y los organismos de control, según informó el periódico El Espectador.

La funcionaria resaltó que las visitas a las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán son necesarias por las afectaciones que vivieron sus habitantes en lo que respecta «a la salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, la vivienda y saneamiento básico, así como el ataque al poder judicial, con proporciones similares a las que tuvo la toma del Palacio de Justicia en el año 1985».

En coincidencia con este anuncio, hoy la Policía Nacional adelantó 170 investigaciones disciplinarias por posibles abusos cometidos por miembros de la institución desde el pasado 28 de abril en contra del Gobierno.

«Ochenta y dos de estas investigaciones se han iniciado por posible abuso de autoridad, 11 están relacionadas con homicidios, 32 tienen que ver con agresiones físicas, 18 con lesiones personales, dos con denuncias de acoso sexual y 25 por otras conductas», precisó hoy el Ministerio de Defensa en un comunicado, según replicó la agencia Sputnik.

Hasta el momento, según el documento, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) tiene a cargo 54 indagaciones preliminares y hay 34 casos a cargo de la Justicia Penal Militar.

Desde que comenzaron las protestas en Colombia hace 34 días, según denuncias de organizaciones defensoras de DD.HH, al menos 63 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles resultaron heridos, de las cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía.

Las protestas que tuvieron lugar en Cali

Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.

Por su parte, la Fiscalía informó el 24 de mayo que recibió reportes de 43 muertes en las protestas, y que 17 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay siete fallecimientos en proceso de verificación y en 19 «hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones».

Mientras tanto, las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro, que aglutina a decenas de organizaciones sociales y brega por una serie de reclamos, parece no mostrar avances a la vista.

Anoche, durante la quinta ronda de diálogo sin éxito y que se reanudará el domingo próximo, la negociación volvió a estancarse debido a que las autoridades reiteraron que es imperioso el despeje de todas las rutas y caminos bloqueados, y los peticionantes reclamaron la desmilitarización del país, confirmaron fuentes de ambos sectores citadas por Caracol Radio.

Estos son los dos puntos que bloquean la firma de un preacuerdo que abra las negociaciones. «Les pedimos que se comprometan a realizar cada gestión o conducta que sea necesaria para que se levanten, para que cesen por siempre en Colombia todos los bloqueos», manifestó el Gobierno en un comunicado, mientras miles de personas se manifestaron el domingo en rechazo a los bloqueos y hechos de violencia vestidos de blanco en Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras ciudades.

En tanto, el senador por el Polo Democrático (izquierda) Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Diego Molano, al considerar que habría violado el Artículo 22A de la Constitución al promover e instigar a grupos paramilitares y operaciones encubiertas de las fuerzas del orden durante las protestas que se vienen produciendo en el país en el último mes.

El fin de semana, Cepeda compartió en sus redes sociales fotografías e imágenes de supuestos agentes de la Policía actuando de manera encubierta y cometiendo ataques contra los manifestantes, reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

Cepeda recordó que ese artículo de la Carta Magna colombiana «prohíbe expresamente la creación, promoción, instigación, organización de grupos paramilitares o de operaciones encubiertas de las Fuerzas Armadas o la Policía» y alertó que las autoridades estarían permitiendo que civiles armados disparasen contra los manifestantes.

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