La posibilidad de que el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) sea habilitado para intervenir en la regulación de los derechos intelectuales de la producción literaria y académica reavivó el debate entre académicos, escritores y editores sobre si es legítimo que una entidad cobre en nombre de los autores por los textos que se reproducen en internet o incluso aquellos que se fotocopian en un contexto educativo, pero también desnuda un engranaje editorial en el que los autores son los grandes postergados.
La suspensión «por problemas de agenda» de un acto en el Centro Cultural Kirchner que le iba a conceder a Cadra, mediante la firma de un decreto presidencial, la legitimación judicial y administrativa -dentro del territorio nacional- para la defensa de los derechos intelectuales, abrió el debate sobre cómo se debe defender el derecho de los autores, sobre la legitimidad de la asociación civil y sobre si la bibliografía usada en el ámbito universitario se debe atener a los mismos criterios que las grandes plataformas. El debate sobre si Cadra debe regular los derechos de autor pone en cuestión todo el engranaje editorial y cómo los autores pueden hacer de la literatura o las publicaciones de investigación una fuente de ingresos real.
¿Qué es Cadra?
Se trata de una asociación civil que fue autorizada por la Inspección General de Justicia (IGJ) en 2002. Está integrada por autoras y autores, editoriales – entre los que se cuentan los sellos universitarios – y editores de otras publicaciones, tanto argentinos como extranjeros.
La institución se presenta como un puente entre los contenidos y sus titulares. Sus fundadores entienden que su existencia es fundamental porque un autor o una editorial no pueden, por sus propios medios, controlar la utilización de sus obras a nivel masivo. Cada vez que se copia un libro, o se sube un PDF a internet, se crean ediciones piratas y se termina perjudicando a la industria editorial y el trabajo de los autores. Y permite, además, que instituciones públicas y privadas, empresas y cualquier entidad que necesita un texto pueda obtenerlo en forma simple y legal.
«Cadra existe desde hace 20 años pero todavía no tiene reconocimiento presidencial. No es una institución disruptiva en la medida en que existen entidades similares en México o Colombia y en España, donde funciona Cedro, una institución con trayectoria, sumamente generosa con los autores y que promueve y participa activamente en la cadena editorial para fortalecer el rol de los autores», dijo a Télam el presidente de la institución y gerente de Eudeba, Luis Quevedo.
Luego de que se anunciara el acto en el CCK, las redes sociales oficiaron como arena para el debate sobre la legitimidad de Cadra para resguardar los derechos de los autores. «El gobierno está por dar a una entidad que no tiene el aval de los autores, el derecho a cobrar en nombre de los autores incluso el material que se fotocopia con fines educativos. Los autores no deseamos ni autorizamos que esta entidad le exija pagos a las universidades», advirtió el historiador Ezequiel Adamovsky al conocerse la noticia de que finalmente se firmaría el decreto.
«Acá no se está discutiendo el derecho de autor, se está discutiendo si otorgar un monopolio de gestión a una ONG para que pueda ir a cobrar a entidades públicas y privadas que ni siquiera reproducen obras de su repertorio. Voy a retomar una idea que nunca se termina de discutir del todo y me parece clave: estas entidades monopólicas como pretenden hacer de Cadra expropian a los titulares de las potestades sobre sus obras, los obliga a ser representados por alguien a quien quizás ni siquiera conocen», sostuvo desde su cuenta en X (exTwitter) Beatriz Busaniche, al frente de la Fundación Vía Libre.
Consultado por Télam, Adamovsky sostuvo que el uso educativo de libros no tiene que pagar ningún derecho a ninguna entidad. «No creo que se deba cobrar derecho de autor en ningún ámbito educativo como bibliotecas, escuelas o universidad. Vale decir que muchas universidades nos pagan a los investigadores y que nos pagaran por derechos de autor implicaría que están pagando dos veces. No me parece que corresponda -sostiene-. No es un tema dicotómico de derechos de autor sí-derechos de autor no. Me parece bien que los autores recibamos dinero por nuestro trabajo pero no me parece que se deba aplicar a material educativo, sin el cual ni los estudiantes ni los investigadores académicos podríamos formarnos», analiza.
El autor de libros como «El gaucho indómito: de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada» o «Historia de las clases populares en Argentina, de 1880 a 2003», considera que es cierto que la cuestión de los derechos no está saldada en el marco de los contratos editoriales: «Los autores recibimos una porción muy muy pequeña de los que se publica. Por eso creo que para proteger nuestros derechos hay que discutir los contratos y el modelo editorial, más que salir a buscar dinero en universidades, escuelas o bibliotecas».
Por su parte, Quevedo cree que, más allá de la impronta que las redes pueden haberle sumado al debate, «siempre hay quienes piensan que los contenidos son libres. Muchos creen que los textos son libres, que no hay que pagar por el conocimiento y que el acceso a la educación también es libre. Bueno, eso es lo que piensa Google, que no quiere pagar por reproducir nada. Quienes no quieren pagar deberían pensar que Google tampoco quiere pagar. La idea de que todas estas cuestiones son libres en realidad merece ser repensada. La educación no es gratuita, tiene un costo, lo que cambia es el financiamiento que puede ser público o privado, pero es importante reparar en que siempre alguien lo costea».
Para Quevedo, la Argentina tiene una gran ventaja: su gran desarrollo cultural permitiría generar ingresos para muchísimos autores. Pero además, repara en que la idea de la fotocopia vinculada a los derechos de autor es obsoleta porque en el mundo lo que se está discutiendo son formas de gravar la venta de los dispositivos donde puede reproducirse el contenido -una tablet, un kindle o un celular- porque la circulación masiva del material es electrónica.
El escritor Martín Kohan, siempre activo para tomar posición ante temas de relevancia social o que den cuenta del autor como trabajador, en un video que grabó sobre el tema del derecho de autor tiempo atrás, la del escritor como productor y no como propietario: «No veo la defensa de los derechos de autor como una forma de defensa de la propiedad privada, como muchas veces se la considera. No veo en un autor como al propietario sino como al productor, es el resultado de mi trabajo y no de mi propiedad. Cuando me lo roban, no me siento privado de mi propiedad sino como a alguien a quien no le han pagado por su trabajo».
«Me siento un poco mortificado. No hay muchas otras disciplinas donde esto funcione así. Muchas personas que hacen de sus capacidades intelectuales un trabajo, me cobran, lo cual me parece lógico y razonable. Entonces, es un poco desconcertante que la escritura quede como un trabajo no pago», confiesa en esos minutos en los que explicó su postura.
El escritor Sergio Olguín, autor de la saga policial protagonizada por la periodista Verónica Rosenthal, fundador de la revista cultural V de Vian, cofundador de la revista de cine El amante, y autor de novelas como «Lanús», «Filo» y «Oscura monótona sangre», coincide con la postura de Kohan. «Los autores de libros necesitamos un ente u organismo que recaude nuestros derechos, como tienen los guionistas, los músicos, los actores. Hoy hay gente que gana dinero con los libros y esa plata no llega a los autores, ni a instituciones culturales», considera. También pone sobre la mesa la importante venta de libros usados por internet, mediatizada por plataformas como Mercado Libre: «Los autores jamás cobramos un peso por la circulación comercial de libros usados porque era imposible llevar un control de lo que se vendía. Pero hoy el libro usado se vende sobre todo por Mercado Libre. Dejemos afuera de la ecuación a la persona que vende libros de su biblioteca. Marcos Galperín cada vez que se vende un libro usado gana dinero, pero los autores no. Eso se tiene que terminar».
En cuanto a la polémica alrededor de Cadra, cree que nadie conocía bien los alcances del decreto y que «por las dudas todos tomaron posición a partir de sus prejuicios». «Tengo un principio básico para saber qué hay que hacer: si alguien comparte libros gratuitamente, si los fotocopia gratis no hay que cobrarle un peso. Pero si alguien gana dinero, por poco que sea, fotocopiándolos entonces tiene que pagar». Olguín propone dejar afuera a las bibliotecas públicas y otras instituciones de bien público. «Después podemos ver si Cadra distribuye equitativamente entre autores y editores, si le está cobrando a las instituciones correctas y si no habría que ampliar su campo de acción, pero es indiscutible que se necesita un organismo así», razona.
Con un modelo editorial que condena a los autores a cobrar aproximadamente un 7% de lo recaudado por la venta de los libros -un monto que muchas veces cobran devaluación mediante-, el debate sobre la legitimidad y el alcance de Cadra parece ser necesario que se de en un contexto más amplio donde los grandes sellos editoriales den cuenta de cómo le otorgan valor al trabajo de los autores en la cadena de producción del libro.
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